domingo, 17 de abril de 2011

EL URUGUAY A COMIENZOS DEL SIGLO XX:
EL PRIMER BATLLISMO


Los primeros años del siglo XX en Uruguay estuvieron marcados por dos hechos:
1) El ascenso al gobierno de José Batlle y Ordóñez que se desempeñó como presidente en dos periodos (1903-1907 y 1911-1915) y que hasta su muerte en 1929 fue la figura política dominante de la política uruguaya.
2) La definitiva derrota de las revoluciones caudillistas, con la última rebelión del caudillo Aparicio Saravia en 1904, que terminó con su vida y con los intentos blancos de participar en el poder.
La figura de Batlle y Ordóñez, Don Pepe, marcó un cambio de rumbo en la política uruguaya, abandonando el liberalismo económico y dando al estado una fuerte participación en la economía y la sociedad. Las ideas y realizaciones de Batlle generaron un modelo de país que caracterizó al Uruguay del siglo XX (predominio de la clase media y de los sectores urbanos, estado benefactor, laicidad, solidaridad con los sectores desposeídos) y  un movimiento político, el batllismo, que mantuvo fuerte poder de convocatoria electoral usando el nombre de su fundador. Esa reiteración de “los batllistas” en el gobierno, ha llevado a los historiadores a hablar de  un “primer batllismo” para referirse al original, al de Don Pepe.


REALIZACIONES DE LA PRIMERA PRESIDENCIA DE BATLLE Y ORDOÑEZ

Los primeros dos años del gobierno fueron absorbidos por el conflicto con Aparicio Saravia, pero esto no impidió que el presidente iniciara una obra que introdujo cambios en la economía y la sociedad, anunciando el reformismo que caracterizaría a su segunda presidencia.
En el orden económico las realizaciones más importantes fueron:


- La construcción de caminos y la mejora de los ya existentes. El cercamiento de los campos había afectado a los caminos vecinales que quedaron cortados por los alambrados, dificultando el desplazamiento de personas y mercaderías. La Asamblea General autorizó al presidente Batlle a obtener un préstamo para construir caminos y puentes; las nuevas carreteras se trazaron paralelas a las vías férreas con la intención de que el transporte automotor que estaba llegando a Uruguay, compitiera con los ferrocarriles controlados por empresas inglesas.
- Fomento de la agricultura y la industria. Se aprobó una ley que favorecía la plantación de remolacha azucarera: las personas que se dedicaran a su cultivo recibirían del estado semillas seleccionadas, apoyo financiero y la exoneración de los impuestos aduaneros para importar maquinaria. Además se establecían altos impuestos aduaneros al azúcar importado. De esa forma se estimulaba la industria nacional usando una materia prima que se encontraba en el país, disminuyendo la dependencia del exterior.
También se fomentó a la industria textil exonerándola de los impuestos a la importación de máquinas permitiendo instalar grandes fábricas como la de Campomar y Salvo en Juan Lacaze, que utilizaba también materia prima nacional: la lana.
Previendo un mayor consumo de energía eléctrica, tanto de la población como de la industria, el estado amplio las instalaciones de la Usina de Luz Eléctrica y no se aceptaron propuestas para su arrendamiento capitales privados. Batlle y Ordóñez consideraba a la energía eléctrica como un servicio público que debía ser monopolio estatal.
-Menor dependencia del capital inglés. Rompiendo con la política tradicional de los gobiernos uruguayos, se buscaron nuevos lugares donde obtener crédito. En este período Uruguay contrató su primer préstamo con capitales de EEUU y se redujo la deuda con Inglaterra. Como sucedía con el resto de América Latina, también en el Río de la Plata, el viejo imperio inglés estaba siendo desplazado por la pujante expansión norteamericana.
En el plano social se presentaron proyectos para regular las condiciones de trabajo. La industrialización que desde fines del siglo XIX se desarrollaba en Uruguay ya estaba generando alguno de los típicos problemas laborales como excesivo horario, falta de seguridad e higiene en los locales de trabajo, uso y abuso de la mano de obra infantil, etc. Los primeros sindicatos creados en Uruguay habían comenzado a hacer sus reclamos especialmente en dos puntos: mejorar el salario y reducir las largas y agotadoras jornadas de trabajo. En 1905 numerosas huelgas paralizaron a miles de trabajadores, por ejemplo los empleados del Ferrocarril Central, los tranviarios, los portuarios y las costureras.
En febrero de 1905 los representantes blancos Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo presentaron un proyecto de ley que establecía un máximo de 10 horas de trabajo al día y además limitaba el trabajo de mujeres y menores, compensaba los accidentes de trabajo y establecía normas de higiene en los talleres. Al año siguiente el presidente Batlle envió su propio proyecto que fijaba la jornada máxima en 8 horas cuando se trataba de una tarea sin interrupción y de 10 cuando había una interrupción. El proyecto también incluía normas para regular el trabajo de menores con horarios acordes a su edad y prohibiendo el trabajo de menores de trece años. Además se preveía un día de descanso semanal y un mes de descanso para la mujer después del parto.
Pero estos proyectos no fueron aprobados y por lo tanto por varios años más el estado no reguló las condiciones de trabajo que quedaban libradas a lo que los patrones establecieran y los trabajadores soportaran. Un proyecto que si tuvo aprobación fue el que creaba las jubilaciones civiles y que había sido presentado en 1896. La ley creaba la Caja de Jubilaciones Civiles y establecía que tenían derecho a jubilarse todos los funcionarios públicos con más de 30 años de servicio y 60 de edad o en caso de quedar inhabilitado física o mentalmente o por supresión del cargo si tenían más de 10 años de trabajo.
En la educación también hubo novedades. Se crearon nuevas facultades: la de Comercio (luego llamada de Ciencias Económicas) y la de Veterinaria y Agronomía. El objetivo era doble: tecnificar las actividades vinculadas al comercio y a la agropecuaria y, además, desviar a los jóvenes de las tradicionales carreras de abogado y médico, cuyas facultades estaban repletas.
También se proyectó la creación de liceos departamentales para formar un grupo de personas que, sin llegar a ser universitarios, tuvieran una educación superior a la primaria y pudieran interpretar a las élites políticas y servir como funcionarios en la administración pública.
Otras medidas aprobadas en ese período reflejaban las ideas filosóficas de Batlle y sus seguidores: el distanciamiento del estado con respeto a la iglesia que culminaría con la separación de ambas instituciones en la reforma constitucional de 1917. Batlle, identificado con el racionalismo espiritualista, era contrario a las religiones reveladas. En 1906 el gobierno ordenó el retiro de todas las imágenes religiosas católicas de los hospitales públicos. Se basaba en la idea de que no podían ostentar símbolos de una determinada religión los lugares que estaban abiertos a personas de todas las creencias (o de ninguna).  Esto causó una intensa polémica con los sectores católicos. Una año antes otra medida había causado un enorme revuelo : el proyecto de ley sobre divorcio. Este establecía que se podía obtener tanto por el hombre como por la mujer por diversas causales: injurias, malos tratos o violencia entre los conyugues, intento de homicidio o por infidelidad. En esta última causal observamos como, a pesar de los “moderno” de la propuesta, se reflejaba la desigualdad de sexos: en el caso de cometer adulterio la mujer el hombre podía, en todos los casos, pedir el divorcio; en caso de que el adulterio lo cometiera el esposo, la esposa sólo podía pedir. si era en el hogar o con escándalo público.


Otro proyecto presentado por Batlle y Ordóñez en el año 1906 fue la abolición de la pena de muerte y su sustitución por la pena de reclusión en la cárcel entre 30 y 40 años.


REALIZACIONES DE LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE BATLLE Y ORDOÑEZ

En febrero de 1910 algunos sectores del Partido Colorado propusieron a Batlle y Ordóñez como candidato a presidente para el período 1911-1915. La Convención del Partido Colorado apoyó la candidatura y Batlle, que estaba en Europa, la aceptó. En su carta aceptando la candidatura adelantaba algunas de  sus propuesta de gobierno: gobierno de partido excluyendo la coparticipación del P. Nacional, representación proporcional en la Asamblea General y tener en cuenta las reivindicaciones de la clase obrera “que reclaman el derecho a la vida, a la salud,a la libertad con frecuencia lesionados”.
Estas propuestas provocaron una doble oposición a la candidatura de Batlle: la del P. Nacional contrario a que el P. Colorado gobernara en exclusividad, y la de las “clases conservadoras”, los sectores económicamente poderosos que temían las concesiones que Batlle podía hacer a los obreros.
Pero a pesar de esta oposición Batlle tenía asegurado el apoyo de la mayoría de la Asamblea General y el 1 de marzo de 1911 fue designado Presidente.
En las realizaciones de la segunda presidencia de Batlle se observa una definición más clara a favor de las reformas sociales y económicas, un enfrentamiento directo con las empresas inglesas y la decidida intervención del estado en la economía.

EL REFORMISMO SOCIAL
En los años transcurridos entre las dos presidencias de Batlle y Ordóñez había continuado creciendo la actividad industrial y el número de obreros; el presidente Williman, a diferencia de lo realizado por Batlle en su primera presidencia, no se había mostrado partidario de defender a la clase trabajadora y había reprimido a los obreros en huelga. La huelga más importante del período fue la de los tranviarios en 1911 que reclamaban el aumento del salario y la reducción del horario de trabajo. La empresa inglesa propietaria de los ferrocarriles contrató personal para suplantar a los huelguistas y estos trataron de impedir que aquellos ocuparan sus lugares. Esto provocó enfrentamientos violentos con la policía. Otros gremios se solidarizaron y pararon. Finalmente los tranviarios lograron que se redujera el horario de trabajo a 9 horas (antes las jornadas eran de 15 y 17 horas).
En otras actividades se mantenían horarios muy extensos: los panaderos trabajaban 18 horas y los empleados de comercio no tenían horario fijo dependiendo de la voluntad del patrón. El diputado socialista Emilio Frugoni había denunciado que en una fábrica textil de la zona de Capurro habían niñas de diez años trabajando 10 horas diarias.
La ley de 8 horas.- Batlle retomó su propuesta de la primera presidencia de disminuir el horario de trabajo fijando un máximo de horas diarias. Envió al Parlamento un proyecto para fijar la jornada en 8 horas, disponer de un día semanal de descanso, prohibir el trabajo de menores de trece años, restringir el trabajo a los menores de diecinueve, y otorgar a la mujer un descanso de 40 días después del parto. Se admitían horarios más largos por la naturaleza del trabajo pero a condición de no pasar las 40 horas en 5 días.
Los industriales y comerciantes se opusieron al proyecto y presentaron una extensa nota a la asamblea General que estaba discutiendo la ley, donde exponían sus argumentos. Sostenían que si se reducían las horas de trabajo habría que contratar más obreros para hacer la tarea y esto encarecía el precio de los productos, los productos al ser más caros, serían difíciles de exportar y, además, muchos trabajadores de campaña emigrarían a Montevideo atraídos por la jornada más corta.
También los sectores mayoritarios del P. Nacional se opusieron al proyecto. Incluso el diario “La Democracia” dirigido por Herrera y Roxlo, quienes algunos años antes habían presentado un proyecto para reducir la jornada a 10 horas.
El proyecto finalmente se aprobó en 1915 con algunas modificaciones.
La ley de prevención de accidentes de trabajo.- En 1914 el presidente envió al Parlamento un proyecto de ley que incluía normas de seguridad para ciertos oficios en los cuales eran frecuentes los accidentes (industria d ela construcción, carpinterías, barracas, herrerías aserraderos, etc). La ley recién fue aprobada en 1920 agregándosele la obligación de pagar indemnizaciones a los accidentados.
Indemnización por despido.- Al estallar la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, muchos comercios despidieron empleados, tal vez por temor a una crisis económica. El poder ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento estableciendo una compensación económica según la antigüedad del despedido. El empleado que tuviera dos años de trabajo tenía derecho a algunos días de sueldo; el que hubiera trabajado más de dos años recibiría un mes de sueldo cada dos años de antigüedad. En todos los casos el empleado que iba a ser despedido debía ser notificado de la misma con dos meses de anticipación.
Pensiones a la vejez.- Otro proyecto enviado por el presidente al legislativo establecía que el estado pagaría una pensión a las personas mayores de 65 años que se encontraran en la indigencia. Herrera se opuso señalando que se estaba premiando al haragán que no había sido capaz de ahorrar en su vida o que no había trabajado lo suficiente.  Desde el diario “El Día” se respondió que se trataba de no dejar morir de hambre a los que no habían ahorrado para su vejez. Recién en 1919 se aprobó la ley de pensiones a la vejez.


¿Por qué el reformismo social? Uno de los argumentos usados por los sectores conservadores opuestos a estas y otras reformas similares era que en el Uruguay aún no existía realmente una clase obrera y que las reformas eran exageradas y demasiado anticipadas.
Batlle y sus seguidores argumentaban que había adelantarse al tiempo y establecer normas que impidieran que en Uruguay se dieran los graves problemas que habían afectado a los trabajadores de los países industrializados. Para Batlle el estado no podía tener un papel neutral, sólo observando los problemas, sino que debía intervenir a favor d ela parte más débil: el estado debía actuar beneficiando a los más necesitados, compensando las desigualdades. Toda la sociedad tenía un deber moral de ayudar a los oprimidos, y el estado, como representante de la sociedad debía asumir un papel importante: impidiendo el trabajo de los niños, evitando horarios excesivos de trabajo, controlando la seguridad en los lugares de trabajo, etc.
Para Batlle la lucha de clases y la revolución social podían evitarse a través de una apropiada legislación laboral. Tenía una postura reformista y evolucionista rechazando las ideas socialistas que creían que la forma de obtener una sociedad más justa era a través de la lucha de clases y la revolución proletaria.
Esto no significa que el estado atendiera solamente los reclamos obreros. En el pensamiento de Batlle el estado era un árbitro por encima de las clases sociales, atendiendolas a todas y buscando el consenso. El estado debía atender los intereses de:
- los estancieros, cuyas exportaciones de carne eran la base de la riqueza nacional y requerían seguridad, orden y defensa ante el monopolio de los frigoríficos;
- la burguesía industrial que quería proteccionismo aduanero para vender sus productos;
- la clase media, disciplinada, esforzada, mirando al futuro a través de el ahorro y la educación de los hijos y que debía recibir ayuda del estado en créditos, educación y empleo (para eso estaban los bancos públicos, la educación pública y los puestos de trabajo en la administración pública).
- el proletariado, que debía ser protegido para evitar su explotación e  impedir su rebelión.

            OBRA ECONOMICA: ESTATISMO Y NACIONALIZACION
En su segunda presidencia Batlle y Ordóñez impulsó una política económica bien definida: pasar a manos del estado los servicios públicos esenciales. Varios eran los argumentos que se manejaban por parte de Batlle y sus seguidores para realizar las estatizaciones:
1) El estado era concebido por Batlle como el organismo que representaba a toda la sociedad y estaba por encima de los intereses particulares; ante un enfrentamiento de intereses económicos, el estado iba a resolver de acuerdo a lo que fuera más útil para la mayoría y no por bien de unos pocos. Esta forma de concebir al estado era una de las diferencias del pensamiento batllista con el socialismo marxista, ya que este veía al estado como el instrumento usado por una clase social para imponerse a otra y establecer las reglas de juego que a esa clase dominante le convenía.
2) El estado no perseguía un fin de lucro o ganancia. Por lo tanto una empresa estatal podía invertir dinero en una obra que a una empresa particular no le interesaba aunque fuera muy útil para la población. Por ejemplo una empresa privada que tuviera a su cargo el suministro de electricidad, iba a tender cables hacia los barrios donde el consumo fuera mayor y seguramente dejaría de lado los lugares más humildes o con menor cantidad de población donde sabía que las ganancias eran menores o inexistentes. En cambio, para Batlle, el estado podía prestar el servicio aunque de él no resultaran ganancias, porque la finalidad no era ganar dinero sino dar el servicio.
3) Los servicios públicos más importantes (transporte, aguas corrientes, teléfonos, seguros) estaban en manos de empresas extranjeras y las ganancias obtenidas se iban hacia el exterior y no eran reinvertidas en el Uruguay. Cómo el costo de estas inversiones era muy grande, era imposible que empresas privadas nacionales pudieran hacerse cargo de esos servicios, el único que podía hacerlo era el estado.
4) La relación laboral y el salario iban a ser mejores en empresas dirigidas por el estado que en las privadas, por que lo ya dicho de que el estado no perseguía una ganancia y podía pagar sueldos más elevados y por que al estado le servía que se ganará mejor para que se consumiera más y toda la economía se moviera.
La política estatista tuvo como principal opositor a las empresas extranjeras, principalmente inglesas que iban a ser las afectadas. El capital extranjero residente en Uruguay era muy poderoso. En ferrocarriles, gas, aguas corrientes, industrias, etc, había unos 40 millones de libras, lo que significaba una cifra considerable comparado con lo que era la economía uruguaya.
Viendo que se iba a poner en contra intereses muy grandes, Batlle prefirió en algunos casos no enfrentarlos directamente, sino hacerles la competencia, debilitarlos, como el caso de las carreteras paralelas a las vías férreas. La lucha contra el capital inglés se vio facilitada porque Batlle recurrió a la potencia rival de Inglaterra en América: los Estados Unidos, donde obtuvo préstamos y abastecimientos. También ayudó la Primera Guerra Mundial que debilitó a Inglaterra y le impidió mantener el dominio económico de estas regiones.
Estatización del Banco República.- Cuando se creó el Banco República en 1896, se había previsto que la mitad de su capital fuera puesto por el estado (5 millones de pesos) y la otra mitad la pusieran particulares adquiriendo acciones del banco. Pero como esas acciones nunca se vendieron en los hechos el banco era del estado aunque cabía la posibilidad que se decidiera vender las acciones. En 1911 la Asamblea General aprobó un proyecto de ley enviado por Batlle donde se disponía elevar el capital del banco (de 10 a 20 millones de dólares) integrando las ganancias obtenidas hasta el momento al capital bancario y eliminando la posibilidad de la venta de acciones. Se aseguraba así que el Banco iba ser solamente propiedad del estado.
En 1912 se agregó al Banco República la Sección de Crédito Rural destinada a apoyar con créditos a los pequeños y medianos ganaderos y agricultores.
Estatización del Banco Hipotecario.- Los préstamos hechos sobre hipoteca, o sea con la garantía de un bien inmueble existían desde la creación del Banco Nacional en 187. Producida la quiebra de este en 1890 había pasado a manos de una empresa privada formada por accionistas, pero corrían muchos rumores de especulación y mal manejo de los créditos. La función que cumplía este tipo de actividad era importante e incidía en la industria de la construcción y en la compra de tierras. En 1912 el presidente presentó un proyecto de ley para que el estado se encargara de los préstamos hipotecarios. El proyecto obtuvo rápido rspaldo de amplios sectores y en 15 días fue aprobado por el legislativo.


Creación del Banco de Seguros.- En abril de 1911 el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento por el cual el estado tendría el monopolio de todos los seguros que se realizaran en el país: incendio, marítimos, de vida, agrícolas y, en general, contra todo riesgo. Para hacerse cargo de esos seguros se creaba el Banco de Seguros del Estado cuyo capital inicial estaba constituido por 3 millones de pesos y que adquiriría los seguros de las empresas ya existentes.
Hasta ese momento el negocio de los seguros era explotado por empresas privadas casi todas inglesas. Muchas de esas empresas no invertían casi ningún capital en el país pues las ganancias que obtenían asegurando a sus clientes le alcanzaban para cubrir los escasos siniestros producidos. Incluso había compañías cuyo único capital en Uruguay se reducía a una modesta oficina en Montevideo con un empleado.
Además como la única finalidad que tenían era la ganancia y no el servicio social que podían dar, solamente cubrían los seguros más redituables, o sea donde “era seguro” para ellas que no habría siniestros y se negaban a contratar seguros por hechos que eran más factibles de producirse, por ejemplo el granizo que afectaba a los agricultores o los accidentes de trabajo.
Sólo el estado que no buscaba ganancia, según Batlle y Ordóñez, y que tenía la obligación de cumplir con una finalidad de protección social, podía hacerse cargo de los seguros para beneficiar a la sociedad. Cubriendo todo tipo de seguros se compensaban las pérdidas en unos con las ganancias en otros.
Además, si el estado se hacía cargo, se eliminaba la salida de dinero hacia el exterior que efectuaban las aseguradoras inglesas.
El proyecto era revolucionario porque en ningún país del mundo, hasta esa época, se había aplicado tal sistema. Levantó mucha resistencia y hasta la embajada inglesa en Uruguay presentó una protesta ante el gobierno señalando que Inglaterra apoyaría las demandas que hicieran las empresas inglesas afectadas.
El Banco de Seguros fue creado y obtuvo el monopolio de casi todos los seguros: fueron exceptuados los marítimos y de vida lo que permitió que algunas empresas privadas se mantuvieran.
Inicio de la estatización del ferrocarril.- Con el paso de los años las vías férreas se habían ido extendiendo en Uruguay. Estaban en manos de empresas inglesas, la principal de las cuáles era la del Ferrocarril Central del Uruguay.
Varios inconvenientes tenían los ferrocarriles en manos de estas empresas. En primer lugar aunque los ferrocarriles no eran del estado le provocaban fuertes gastos por que el estado le pagaba un interés de 3,5% sobre cada 1.700 kilómetros de vía construida, de acuerdo con lo estipulado cuando las empresas inglesas se empezaron a instalar en Uruguay. En segundo lugar, todas las ganancias obtenidas por las empresas marchaban hacia el exterior. En tercer lugar las empresas, llevadas por su afán de ganancia solo extendían vías donde les resultaba más redituable y los fletes que cobraban eran muy altos. Por ejemplo, un productor del departamento de Florida se quejaba porque era más caro el flete cobrado por el ferrocarril para trasladar la lana desde su estancia hasta el puerto de Montevideo, que el flete marítimo desde este a Inglaterra.
Durante su primera presidencia Batlle había iniciado la lucha contra los ferrocarriles ingleses construyendo carreteras que seguían los mismos trazados que las vías férreas. Aprovechando el crecimiento del transporte automotriz y el ingreso al país de autos y camiones, se intentó canalizar por ese medio el traslado de producción hacia el puerto de Montevideo; de esa manera se competía con los ferrocarriles y se les obligaba a bajar los fletes.
Otro recurso que se buscó en la segunda presidencia fue crear ferrocarriles estatales. En 1912 la Asamblea General aprobó la formación de un fondo para la construcción de ferrocarriles, obteniendo el dinero de diversos impuestos. En 1914 se autorizó al Poder Ejecutivo a comprar acciones de la empresa Ferrocarril del Norte. Esta empresa tenía vías que ingresaban a Montevideo por lo que se podía competir con la poderosa Ferrocarril Central. Esa era la base que se necesitaba para luego ir comprando otros ramales y aumentar las vías estatales, dando origen a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).
Monopolio de la energía eléctrica.- En 1912 el Legislativo aprobó la creación de las Usinas Eléctricas del Estado que tenían el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica. Los objetivos que se buscaban, como en el caso de otros servicios en manos de empresas extranjeras, eran: evitar la salida de grandes capitales hacia el exterior, mejorar el servicio extendiendo las líneas para beneficiar a más población (por ejemplo barrios alejados donde la empresa privada no tenía interés en ir) y bajar las tarifas.
Intentos fracasados de monopolios estatales.- Una salida importante de dinero que sufría la economía uruguaya era provocada por pago de los fletes de los barcos que llevaban la carne, el cuero y al alna hacia el exterior y traían los productos importados (entre otros el carbón, la fuente de energía más usada en la época).
El Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de comprar buques que se encargarían de llevar los productos agropecuarios y al regreso traerían el carbón necesario para la usina de energía eléctrica. Pero la crisis económica iniciada en 1913 redujo los ingresos del estado y la iniciativa no se concretó.
Montevideo a comienzos del siglo XX
Las dificultades económicas también impidieron que se llevara a cabo el proyectado monopolio estatal del tabaco. La intención era que las plantaciones de tabaco fueran estatales y el estado otorgara a un particular la concesión para explotarlas.
Otro monopolio estatal propuesto fue el de los alcoholes. En 1912 el presidente Batlle propuso que el estado tuviera la exclusividad en la fabricación de alcoholes expropiándose las fábricas privadas existentes. Pero el proyecto quedó detenido en el Legislativo ante presiones de la embajada francesa que intervino protegiendo al ciudadano francés, radicado en Uruguay, Meillet que era el principal fabricante de alcoholes. La iniciativa quedó aralizada y recién se concretó en 1931 con la creación de ANCAP.
Proteccionismo industrial.- Se llevó a cabo por dos vías: el proteccionismo aduanero que dificultaba la importación de mercaderías que se fabricaban o se podían fabricar en Uruguay, y por otro lado la creación de organismos estatales para apoyar a las industrias existentes en el país. Para cumplir con este fin se crearon:
- El Instituto de Geología que se encargaría de buscar fuentes energéticas dentro del Uruguay para no depender de las importaciones de carbón y petróleo.
- El Instituto de Química Industrial con varios objetivos: mejorar las técnicas de las industrias uruguayas(por ejemplo cuero y lana) y asesorarlas, elaborar abonos e industrializar los recursos energéticos que se pudieran encontrar en Uruguay.
-El Instituto de Pesca con el fin de crear viveros en las costas de Maldonado para estudiar las especies marinas, industrializar el pescado y abaratar su costo pa
ra popularizar su consumo. También el objetivo era crear una industria procesadora de pescado modelo que sirviera de ejemplo para la instalación de privadas.


BATLLE Y LOS PROBLEMAS DEL CAMPO
Dos problemas relacionados entre sí eran los que más afectaban a la producción agropecuaria: el latifundio y el minifundio. Por un lado un número reducido de propietarios eran dueños de grandes extensiones de tierras dedicadas a la ganadería (el 0,40% de los propietarios poseía el 40% de las tierras). Por otro lado había un gran número de propietarios con pequeñas superficies, dedicadas sobretodo a la agricultura (el 75% de los propietarios poseía el 9% de las tierras). Los latifundistas no estaban interesados en mejorar técnicamente su producción porque su enorme extensión de tierras igual les permitía producir mucho ganado y obtener ganancias. Los microfundistas no hacían las mejoras porque su escasa producción no les permitía hacer grandes inversiones.
Batlle sólo enfrentó parcialmente el problema, intentando algunas tímidas reformas pero sin encarar directamente soluciones drásticas como se hizo en otros asuntos. ¿Por qué esta actitud? Las respuestas pueden ser varias.
Quizás no percibió que una reforma en el tema agropecuario era necesaria porque el sistema de explotación tradicional afectaba a toda la economía; la ganadería seguía siendo la principal fuente de riqueza a pesar del apoyo dado a la industria y si en ella no se obtenía una mejor producción se estaba generando menos riqueza de la que se podía obtener.
Algunos historiadores hacen hincapié en las propia conformación del P. Colorado y en particular del batllismo para explicar la timidez en la resolución de este tema. Integrado fundamentalmente por las clases medias urbanas, era respetuoso de la propiedad privada a la que la clase media aspiraba poseer, no quiso tomar medidas que afectaran a ese derecho, como, por ejemplo una reforma agraria que expropiara a los latifundios para repartirlos.
Quizás haya influido también una actitud política de Batlle. Un ataque frontal al latifundio hubiera volcado a los estancieros masivamente al P. Nacional. Las reformas sociales levantaban críticas y temores en los sectores conservadores y Batlle era señalado como “socialista”o “anarquista”; una actitud radical contra el latifundio hubiera aumentado la oposición de esos sectores, a lo que habría que agregar el enfrentamiento con las empresas inglesas. Un elemental cálculo político indicaba la necesidad de no crearse nuevos enemigos. En el horizonte político aparecía amenazante una alianza entre los sectores blancos dirigidos por Herrera, las empresas extranjeras,  los estancieros y los sectores cercanos al catolicismo.
Propuestas para enfrentar el problema de la tierra.- Las propuestas fueron de dos tipos: el impuesto progresivo a la mayor extensión de tierra y planes de colonización estimulando la subdivisión voluntaria de los latifundios.
La creación de un impuesto que sería mayor cuanto más tierras se tuviera derivaba del georgismo, doctrina fundada por el norteamericano Henry George quien sostenía que el valor de la tierra aumentaba no por el esfuerzo del propietario sino por el esfuerzo colectivo (construcciones de carreteras o vías férreas cercanas al campo, aplicación de nuevos conocimientos, abonos, etc). Por lo tanto era injusto que sólo el propietario recibiera ese aumento de valor; era toda la sociedad la que debía recibir los resultados de esa valorización. La forma en que la sociedad podía recibir su recompensa era mediante los impuestos que el estado cobraba al propietario de la tierra.
Pero recién hacia el final de su período de gobierno Batlle propuso un aumento importante de la contribución inmobiliaria, aumento que no fue aprobado por el legislativo.
En cuanto a los planes de colonización hubo algunas iniciativas para que el estado comprara tierras, las dividiera en chacras y las revendiera a los interesados. En otros acasos se proponía estimular a empresas privadas para que tomaran el costo de la expropiación y crearan chacras en las cercanías de los pueblos del interior. Hubo además una ley que concedía premios en dinero y medallas a los estancieros que por su iniciativa fraccionaran parte de su propiedad y las transformaran en chacras. Pero ninguna de estas propuestas tuvo un resultado importante.
Tecnificación del agro.- Al igual que se hizo con la industria se crearon organismos estatales para asesorar y estimular innovaciones que mejoraran la producción de la ganadería y la agricultura. En 1911 se crearon tres estaciones agronómicas. La de Salto especializada en fruticultura, la de Paysandú en lechería y la Cerro Largo en ganadería. Además se crearon el vivero de Toledo, destinado a la producción de árboles y el Instituto La Estanzuela destinado a investigar semillas, cultivos y forrajes.
Además de la investigación científica, los nuevos establecimientos debían actuar como escuelas de agricultura y ganadería para la formación de capataces y peritos agrónomos.



OBRA EDUCATIVA
El objetivo que se propuso Batlle en este plano fue el de que el estado se encargara de extender la educación a la mayor cantidad posible de personas.
Era importante dentro de la concepción política de Batlle contar con ciudadanos instruidos, capaces de reflexionar e intervenir activamente en política y no sólo seguir ciegamente a un caudillo o dejar que la “clase política” hiciera a su antojo. Para tener un ciudadano consciente era necesario instruirlo.
Los principales cambios introducidos fueron los siguientes:
- Gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria. Se propuso que los estudiantes que asistían a liceos y facultades públicas no pagaran matrículas ni mensualidades, para que fuera accesible a todos la enseñanza a esos niveles. El dinero que el estado perdería por esa razón sería compensado con un impuesto sobre las propiedades cuyos dueños no estuvieran en el país. Ante la oposición de algunos legisladores blancos el proyecto demoró dos años en aprobarse.
- Liceos para mujeres. Estaba arraigado en las costumbres de la época, y era aceptado por la pedagogía, la separación de sexos. Las familias no querían enviar a sus hijas a institutos de enseñanza mixtos donde los varones eran clara mayoría y esto dificultaba el acceso de la mujer a una mejor instrucción y hacer una carrera  profesional. Por eso se dispuso crear una sección femenina de los cursos de secundaria destinada exclusivamente a las mujeres y así sus padres no tendrían temores ni excusas para enviarlas.
- Creación de liceos departamentales. Ya se había aprobado en 1906 la creación de liceos departamentales en el interior de la república. Pero la carencia de recursos paralizó la iniciativa y fue retomada en los primeros meses de la segunda presidencia de Batlle. La finalidad era extender la educación al interior del país y evitar el traslado de los alumnos a Montevideo para seguir sus estudios.


HACIA LA REFORMA CONSTITUCIONAL: EL COLEGIADO

El país había cambiado mucho desde 1830; pero su constitución permanecía inalterada desde ese año. Una constitución que se adecuaba poco al Uruguay de 1830, menos parecía servir para el Uruguay de comienzos del siglo XX. En realidad la constitución se mantenía porque el proceso de reformar era muy difícil y lo que había ocurrido es que no siempre se aplicaba; muchos de los gobiernos que Uruguay tuvo en el siglo XIX se manejaron al margen de ella.
El concepto de estado y de democracia se habían transformado. Ya no se podían admitir las limitaciones al sufragio que establecía la constitución del 30, porque ahora se veía en él un elemento pacificador porque las luchas políticas se resolvían en las urnas electorales y no con las lanzas en las cuchillas. Pero para asegurar la resolución pacífica de la política eran necesarias mayores garantías para el sufragio. En la antigua constitución faltaban derechos que garantizaran  la vida política y social como el derecho de reunión y el de asociación. Ni siquiera se mencionaba la existencia de partidos y la posibilidad de coparticipar en el gobierno. Y, además, el voto no era secreto.
La constitución del 30, basada en el liberalismo que repudiaba la intervención del estado en la economía, tampoco decía nada sobre la existencia de organismos estatales que controlaban la energía eléctrica o ferrocarriles. Con la presidencia de Batlle habían aparecido una serie de organizaciones estatales que carecían de una regulación constitucional.
            Además el aumento del poder del estado podía ser peligroso en manos de un presidente con amplios poderes
como estaba establecido en la constitución del 30. Para algunos, como el propio Batlle y Ordóñez, el presidente en Uruguay era casi como un monarca y reclamaban disminuir sus poderes.
Por estas razones varios sectores políticos estaban interesados en reformar la constitución, aunque no se ponían de acuerdo en que cosas reformar. Luego de varios intentos fracasados se logró un acuerdo para reformar la forma en que la constitución podía ser reformada que era el paso previo para luego pasar a reformar el contenido de la constitución. En 1912 la Asamblea General aprobó un procedimiento de reforma constitucional más fácil: dos tercios de cada cámara declaraban la conveniencia de la reforma, luego se convocaba a una elección para elegir una Convención Constituyente que haría las reformas que luego serían plebiscitadas.
La propuesta de Batlle: el ejecutivo colegiado.- En ese ambiente político donde la reforma constitucional era un tema permanente, el 4 de marzo de 1913 Batlle y Ordóñez público un artículo en el diario El Día donde daba a conocer algunas de sus ideas sobre lo que debía incluir una nueva constitución.
Esa propuesta, conocida como “Los apuntes” de Batlle, introducía como una novedad la sustitución del presidente por una Junta de Gobierno de nueve miembros, o sea que el Poder Ejecutivo sería colegiado, que duraría nueve años. La Junta elegiría un presidente dentro de ella que duraría dos años. Además. Otra innovación era la posibilidad de aplicar mecanismos de democracia directa: la Junta de Gobierno podía convocar a un plebiscito cuando discrepara con alguna resolución del legislativo. También los ciudadanos podían convocar a un plebiscito con el apoyo de un quinto de los inscriptos en el padrón electoral.
Batlle había observado el ejecutivo colegiado en Suiza y se mostraba asombrado de como la gente ni siquiera sabía quien era el presidente de ese país, no por ignorancia sino por el escaso peso que este tenía. Batlle manifestaba sus temores de que en Uruguay se dependía mucho de la personalidad del presidente, por eso proponía “disolver” su importancia en un órgano colegiado. El poder se diluía entre nueve hombres y ninguno resultaba peligroso, al tener la misma autoridad ninguno podía abusar del poder y se controlarían entre ellos. Además al durar nueve años e ir renovándose por partes permitía mantener al mismo equipo en el gobierno durante un tiempo suficiente para hacer obra o mantener la ya hecha: Batlle manifestaba temores que un sólo presidente conservador borrara de un plumazo las reformas que venía realizando.
La propuesta de Batlle unió en su contra a colorados y blancos que ya estaban inquietos con sus reformas económicas y sociales. Once senadores colorados (de 19 que tenía ese partido) se pusieron de acuerdo para detener cualquier proyectos constitucional colegialista, de ahí que la reforma se detuvo hasta la terminación del periodo presidencial de Batlle en 1915. La oposición dentro del P. Colorado se fue organizando en torno a la figura de Pedro Manini Ríos quien creó el Partido Colorado Frutuoso Rivera, nombre que aludía a su intento de volver a la tradición y dejar la política reformista. Por eso ese sector colorado opuesto a Batlle fue conocido como “riverista”


El Partido Nacional se había opuesto siempre a Batlle por varias razones: era el que lo había derrotado en el campo de batalla (el recuerdo de 1904 aún estaba vivo), era el que negaba la representación proporcional y gobernaba exclusivamente con el P. Colorado, excluyendo a los blancos del poder. Pero a esas razones políticas hay que sumarle otras que tal vez eran las verdaderas causas del enfrentamiento: el P. Nacional estaba dirigido por los grupos sociales con más poder económico, sobretodo grandes estancieros, que se alarmaban con las reformas sociales del batllismo. La clásica popularidad de los blancos en el interior se reforzaba por la desconfianza que la gente de campo sentía hacia las reformas que se hacían desde la ciudad. De esta forma las clases altas del campo se identificaban cada vez con el P. Nacional y arrastraban tras de si a su peones, señalando a Batlle como el enemigo del orden que introducía ideas “anarquistas”.
De esta forma los reformistas se identificaron con el colegiado y los conservadores eran anticolegialistas.
La reforma constitucional: la transacción de Batlle con los conservadores.- Terminada la presidencia de Batlle, continuó el proceso hacia la reforma de la constitución; se aprobó la convocatoria de una Convención Constituyente, que fue elegida el 30 de julio de 1916 con voto secreto, sufragio universal masculino y representación proporcional.
El triunfo correspondió a los sectores anticolegialistas (84 mil contra 62 mil). El resultado señalaba un claro triunfo de las clases conservadoras, lo que llenó de asombro a los batllistas que esperaban una victoria segura al haberse extendido a los sectores populares el sufragio. Estas elecciones marcaron un claro cambio de rumbo en el gobierno y en el propio Batlle. El presidente Feliciano Viera, que había sido designado por la Asamblea con el respaldo de Batlle, declaró que había que hacer “un alto” en las reformas económicas y sociales apartandose del reformismo.
Batlle tuvo que transar con los sectores conservadores dentro y fuera de su partido. Para hacer triunfar, por lo menos en parte sus ideas de reforma, tuvo que pactar con Manini Ríos y con el Partido Nacional. De este acuerdo surgió la nueva constitución. Como en las cámaras los batllistas tenían la mayoría y allí se podía decidir como se aprobaría la reforma constitucional, la situación era bastante extraña: la convención constituyente con mayoría anticolegialista podía redactar una constitución sin colegiado, pero las cámaras podían votar una ley que estableciera una mayoría especial del electorado para aprobar la reforma en el plebiscito. Con esto último amenazaron los diputados batllistas, además Batlle anunció su intención de presentarse de nuevo a la presidencia.
El P.Nacional, ante la posibilidad de un nuevo gobierno de Batlle, decidió entrar en negociaciones. Se designaron cuatro delegados por el P. Nacional y cuatro por el Batllismo (la comisión d e los ocho) que se encargaron de elaborar el texto constitucional. En ella se establecieron propuestas de ambo sectores, y aunque ninguno obtenía todo lo que quería se conformaban al obtenerlo en parte: Batlle obtenía el colegiado y los blancos la coparticipación y las garantías para el sufragio.
La Constitución de 1918.- Su principal característica fue el Poder Ejecutivo con dos órganos: el presidente y el Consejo Nacional de Administración. No era el colegiado propuesto por Batlle, sino una transacción que incluía un órgano colegiado pero manteniendo también al presidente.
¿Qué función cumplía cada uno de estos órganos? Al presidente le correspondían las funciones primarias del estado: el orden interior y la seguridad de las fronteras, por lo tanto tenía en sus manos la policía y las fuerzas armadas. Al Consejo Nacional de Administración le correspondían las funciones secundarias del estado: educación salud, obras públicas y economía. Como su nombre lo indicaba tenía una función administrativa.
Este sistema de ejecutivo bicéfalo presentaba sus peligros: que los dos órganos tuvieran distintas tendencias políticas y no se pusieran de acuerdo. Además podía haber interferencias en las funciones porque en la realidad política no siempre quedaba clara el área de competencia de cada uno. Como uno sólo de estos órganos, el presidente, disponía del mando de la fuerza del estado, en caso de desavenencias con el otro órgano podía usarlo en su contra (como sucedió en 1933 con el golpe de estado de Terra).
Esta constitución admitía la coparticipación en el gobierno ya que la minoría, además de tener representación en el parlamento, tenía representantes en la parte colegiada del ejecutivo. El Consejo de Administración se integraba con 9 miembros, 6 correspondían a la lista más votada del partido más votado y 3 a la lista más votada del partido que le seguía en votos. De acuerdo a la realidad política era previsible que al ponerse en práctica la constitución, 6 consejeros fueran del batllismo y 3 del herrerismo. Tanto los consejeros como el presidente se elegían directamente por los votantes.
En cuanto al sufragio se establecían garantías como el voto secreto y la inscripción obligatoria en el Registro Cívico. Se preveía que a través de una ley se estableciera el sufragio para la mujer.
Otra innovación de esta constitución es que separa la Iglesia y el Estado culminando un proceso iniciado en el siglo XIX. El estado no profesaba ni respaldaba a ninguna religión.
La nueva constitución, la segunda del Uruguay, fue aprobada en plebiscito y entró en vigencia en 1919.










No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada